Seguridad Privada en México

Seguridad Privada

La seguridad privada es la que prestan las empresas de servicios de seguridad con objeto de proteger el conjunto de bienes y derechos para los que han sido contratadas. Estos intereses protegidos suelen ser de naturaleza privada: edificios, almacenes, hogares, terrenos, etc.

Servicios que suele llevar a cabo la seguridad privada: la protección de mercancías e inmuebles, así como de sus ocupantes y el control de acceso a los mismos los realizan vigilantes de seguridad; la investigación relacionada con intereses privados de las personas o las empresas que llevan a cabo los detectives privados; la protección de personas escoltas; o la instalación y explotación de sistemas que protejan dichos intereses como sistemas de alarma o sistemas de vigilancia.

Para la prestación de estos servicios suele ser necesario que las autoridades del lugar otorguen las licencias correspondientes a las compañías que los prestan y a sus trabajadores. También cabe la posibilidad de que el Estado pague por los servicios de estas empresas como complemento a las actividades que realizan los organismos y funcionarios públicos para salvaguardar la seguridad ciudadana.


Seguridad Privada

Marco Histórico de la Seguridad Privada

El inicio de la historia de los agentes de seguridad privada, como recoge el Preámbulo de la Ley de Seguridad Privada, se remonta a 1.849, recién acabada la segunda guerra carlista. Reinaba S.M. la Reina Isabel II, y era Presidente del Consejo de Ministros D. Ramón María Narvaez Campos, Duque de Valencia.

El 8 de Noviembre de 1.849, por una Real Orden del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, con concurso del Ministerio de Gobernación (aunque era Ministro de ambos D. Manuel Seijas Lozano, pues en Gobernación sustituía por entonces la ausencia de D. Luis José Sartorius Tapia, Conde de San Luis), se aprueba el Reglamento por el que se crean los primeros Guardas de Campo, jurados por contraposición a los guardas particulares, que debían ser “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos ….”

Lo publica la Gazeta de Madrid, en su número 5.581, el sábado 10 de Noviembre de 1849, titulandose “Reglamento para los guardas municipales y particulares del campo de todos los pueblos del reino”.

“A quien esta leyera y comprendiera su alcance, furtivo, guarda o cazador, ruego que tenga a bien proclamarla y difundirla, por estimar necesaria esta ayuda, que pido a toda aquella persona que amara la caza, el lance y el orden en los campos.”

Con el amparo de esta orden de la Reina, mediante juramento ante el Alcalde, aparece la primera figura histórica del Guarda de Campo Jurado, que en un primer momento tenía como misión vigilar cotos, villas, fincas, parques y pequeñas áreas rurales privadas; y al que la norma le califica expresamente como Agente de la Autoridad, distinguiéndolos de los guardas municipales, y de los guardas de campo no jurados, que eran meros trabajadores particulares de los terratenientes.

Los guardas jurados de campo estaban primeramente bajo la dirección e inspección de los alcaldes, a quienes debían presentar informes. Cada municipio establecía su uniformidad, si bien todos debían llevar una bandolera de cuero ancha, en la que se clavaba la placa de GUARDA DE CAMPO y el nombre del municipio.

Bajo el reinado de Alfonso XII, siendo presidente del Consejo de Ministros D. Antonio Maura, se modifica la regulación de los Guardas. Se hace en la misma norma que recoge el nuevo Reglamento de la Guardia Civil, mediante Real Orden del Ministerio de Fomento, de Guardería Rural de 9 de Agosto de 1.876 (Gazeta de Madrid del 12 de Agosto), siendo Ministro de Fomento D. Francisco Queipo de LLano, Conde de Toreno.

En esta norma, a la Guardia Civil se le añaden las funciones de Guardería Rural, y los Guardas de Campo pasan a llamarse Guardas Jurados, quedando bajo la dirección de la Guardia Civil y cambiando también su placa (ahora pondrá Guarda Jurado y el nombre del empleador). Todo ello, como hemos dicho, se recoge en el nuevo Reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil, del que se ordenan imprimir 20.000 ejemplares.

En la Orden de 1.876 se recoge expresamente su capacidad para detener, poniendo a disposición de la Guardia Civil a los delincuentes: y de detener o poner en libertad, mediando su previa filiación, a quienes cometan simples faltas. Su testimonio jurado dará fe, salvo prueba en contrario, de tales faltas.

Tenía licencia para detener, o si fuera el caso, disparar y matar en defensa de las vidas y propiedades a la encomendada, como agentes de la autoridad. Así lo establece el art. 102 de la citada Orden, que también le obliga a cooperar en todo con la Guardia Civil, bajo cuya supervisión y control se encontraba.

El Guarda Jurado usaba una carabina ligera, y desde 1.876 se le añade una bayoneta. Los de a caballo portaban, además, el sable de la caballería ligera.

El Guarda Jurado actuó desde 1.876 en estrecha colaboración con el cuerpo de la Guardia Civil, tal y como preveía su nueva normativa, ganándose a pulso una bien merecida imagen de vigilante fiel, recio, duro, un hombre que no tenía miedo, que colaboraba en todo con la ley, y con duras cualidades y fuerte motivación.

El Guarda Jurado hacía las tareas de control y salvaguardia que táctica y logísticamente la Guardia Civil no podía hacer, y para ello, contando con el Guarda Jurado, esta tenía un refuerzo de la Ley, en toda villa, parque, plaza, y monte. Todas sus denuncias se hacían ante el Alcalde o la Guardia Civil, y se llevaba un registro de ellas.

Debían ser hombres que gozasen de buena opinión y fama, que nunca hubiesen sido condenados por delito alguno, y que no hubieran sido despedidos como guarda municipal ni desposeídos previamente del cargo de guarda jurado por alguna infracción disciplinaria de su trabajo. Tenían reputación de hombres buenos que terciaban en pleitos y discusiones. Siempre juraron (de formas distintas según las épocas) proteger los intereses puestos bajo su custodia, con lealtad al poder establecido.

El propietario de las tierras a custodiar tenía que proponer su nombramiento al Alcalde, y el Guarda Jurado no actuará como tal hasta que haya informes favorables de la Guardia Civil y jure ante el Alcalde, quien expedirá su nombramiento. Todos los Guardas Jurados se inscriben en un Registro que lleva la Guardia Civil.

En 1.882, con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los guardas particulares de campo Jurados, a pesar de su carácter privado, y por la función de colaboración con la Guardia Civil, se les considera parte de la policía judicial, como auxiliares el Ministerio Fiscal y los jueces de instrucción (artículo 283, apartado 6º). Publicada en varios días por tener casi 1.000 artículos, el artículo citado aparece en la Gazeta de Madrid nº 273, de 30-09-1882.

En 1.900 se unifica el uniforme, vistiendo entonces el Guarda Jurado un uniforme como el que emplean aun hoy los del Parque del Retiro en Madrid, que son los genuinos Guardias Jurados con su nombramiento municipal. Ellos son los únicos en todo el país que han conservado íntegramente el uniforme y parte de la historia. Desde entonces, los Guardas Jurados vestían un sombrero de ala ancha, doblado en vertical por una de sus alas, y se les permitía lucir una escarapela distintiva con los colores nacionales. Llevaban también una bandolera de izquierda a derecha y la típica casaca verde caqui.

Desde su fundación por Real Decreto, hasta comienzos del franquismo, el Guarda Jurado permaneció con la única misión de vigilar zonas rurales, en su más amplio sentido. No sólo protegía los bienes de quienes le contrataban (incluyendo fincas, granjas, casas rurales, ermitas, yacimientos arqueológicos, bombas de agua, lindes, sistemas de riego, casetas de campo o aperos agrícolas), sino que era también frecuente que forajidos huídos cayeran en manos de Guardas Jurados.

Pero fue con el régimen franquista cuando las cosas comienzan a cambiar para el Guarda Jurado, abriéndose paso su labor de protección también a las empresas. Al poco de acabar la Guerra Civil, durante la dictadura, surge un decreto que autoriza a las grandes industrias a crear para su uso interno un cuerpo de seguridad.

Las primeras industrias con capacidad para ordenar este tipo de Guarda Jurados eran las empresas petrolíferas. Así, es CAMPSA quien en España forma el primer cuerpo privado de Guarda Jurados Armados con el famoso “chopo”, un revólver y cinturón de balas para ambas armas. El distintivo original de estos Guardas Jurados era una placa en la que se leía GJ, y su uniforme era gris, del mismo tono de la policía gubernativa de Franco. Se les veía armados hasta los dientes, subidos en los depósitos de gasolina de la estación de carga. Era la época del estraperlo, con robos de gasolina y mercado negro, debido a la escasez y el racionamiento debidos tanto a la II Guerra Mundial como al posterior bloqueo comercial de la ONU a España.

A la creación de estos primeros Guardas Jurados se unió RENFE, quien formó también sus propios Guardas Jurados (Guardería Jurada de RENFE) que viajaban actuando por parejas en los trenes e iban armados (a fecha de hoy siguen así los vigilantes en los trenes: armados y en pareja). Y como estas, también establecen vigilantes algunas otras grandes empresas.

La primera reglamentación para las entidades bancarias se hace mediante el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 4 de Mayo de 1946, publicado en el B.O.E. 130, de 10 de Mayo.

Por ella, los directores de los bancos y sucursales debían cursar, a la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación, las propuestas de nombramiento de los Vigilantes Jurados (primera vez que parece este nuevo nombre), que están reconocidos expresamente en la norma como agentes de la autoridad. Debían tener la nacionalidad española, ser mayores de 30 años, acreditar aptitud física, valor acreditado o actitud cívica, así como buena conducta, y carecer de antecedentes penales. Tenían preferencia para ser Vigilantes Jurados los miembros de la policía armada y la guardia civil, así como los militares. El juramento que se realizaba aquel entonces era el siguiente:

¿Jura usted defender la patria, la bandera y a nuestro Caudillo?. Lo juro.
¿Jura usted por la Santa Biblia que detendrá y si es preciso matará para cumplir con su deber allá donde se le ordene? Lo juro.

Pues por la autoridad que me ha concedido el Generalísimo, queda usted nombrado Guarda Jurado.

No fue sin embargo hasta primeros de los 60, mediante el Decreto 2.488/1962, de 20 de Septiembre (BOE 240, de 6 de Octubre), que se crea el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio. Se mantiene el carácter de agente de la autoridad, y se necesita ser español, varón, mayor de 30 años, carecer de antecedentes penales, tener buena conducta, y no haber sido expulsado de ninguna administración por motivo de sanción.

A las dos empresas antes señaladas (CAMPSA y RENFE), y a otras de gran tamaño que también los tenían por la primera normativa, hay que sumarle entonces otras muchas que también hicieron lo mismo en diversos puntos del país.

Estos Vigilantes Jurados de la Industria y el Comercio, como antes los Guardas Jurados de las grandes empresas, usaban todos un mismo uniforme gris, una gorra de plato gris, con picos del mismo modelo que el de la policía estadounidense, y portaban doble armamento, por un lado el fusil, y por otro el revólver que, además, colgaba de la pernera en vez del cinturón.

Para ser Vigilante Jurado en aquella época, había que tener unas condiciones sociales algo especiales. Para empezar, la dirección de la industria tomaba a aquellos hombres de mayor confianza y cuya valía en su profesión había quedado demostrada; aunque también solían acceder, pues tenían preferencia también con el nuevo Decreto, quienes eran policías o guardias civiles en activo o lo hubieran sido. Añadido a esto, la “buena conducta” que cita el Decreto se concretaba, de forma no oficial, en tener un nivel cultural normal, y afinidades al ideal político franquista, aparte de ser entrevistado por el comandante de la Guardia Civil de la capitanía más próxima y tener el servicio militar cumplido. Además, tal y como contemplaba el vigente Reglamento de Armas y Explosivos, debía seguir un curso de preparación en el manejo del arma. En las zonas urbanas, en vez de seguirse esta vía, se dirigían a la Dirección General de Seguridad, a través de la policía.

Una vez obtenido el visto bueno, se pasaba un escrito a Gobernación (Gobierno Civil) dirigido al Gobernador, quien, contando tanto con la documentación de la empresa como con el informe de la Guardia Civil o de la policía, firmaba la autorización para dotar legalmente de autoridad al Guarda Jurado. Este debía prestar el siguiente Juramento:

¿Juráis por Dios cumplir bien y fielmente los deberes del cargo y defender los intereses puestos bajo vuestra custodia, en bien del orden público y de España?

Sí juro.


Historia de la Seguridad Privada

Y, a continuación, se firmaba el Acta acreditativa de dicho juramento. Esa acta, que certificaba el juramento, unida al nombramiento antes citado, daba como resultado la condición de agente de la autoridad, y el Vigilante quedaba entonces sometido a las mismas leyes, en este caso, las militares, correspondientes a la Guardia Civil.

El Guarda Jurado era una autoridad dentro del servicio, e incluso podía portar el arma fuera de el sin temor a problemas. Bastaba con identificarse como Guarda Jurado mediante su acreditación (las de aquel entonces eran grandes, cuadradas, amarillas con una banda en diagonal de la bandera de España y en un extremo el rombo de la Guardia Civil).

Por otra parte, al Guarda Jurado se le tenía casi como a un policía y era de fama respetable, que no se andaba con tonterías. La preparación que las empresas exigían por aquel entonces estaba bajo la administración de la Guardia Civil, y consistía en estudiar un temario de 56 páginas, en las que se detallaban desde cómo estaba armada la escopeta, hasta la munición de dotación, y el revólver reglamentario. Añadido a esto, un extracto de la ley de enjuiciamiento civil y criminal, y otro tanto del código penal, aparte de una serie de temas relacionados con el Glorioso Cuerpo Benemérito Español.

A finales de los 60 y principios de los 70 es cuando los Guardas Jurados comenzaron a ser considerados como un elemento importante para la seguridad, y es cuando podemos decir que comienza la época moderna del Guarda Jurado, renovando su normativa.

En 1969, mediante el Decreto 289/1969, de 13 de febrero (BOE 53, de 3 de Marzo) se crea el Servicio de Vigilantes Jurados en las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, como ampliación y en base al Decreto de 1946 sobre Vigilantes Jurados de entidades bancarias. Ese Decreto se desarrolla por Orden de 30 de Abril de 1.969 (BOE 122, de 22 de Mayo).

Mediante la Ley de Caza de 1.970, se regula, por primera vez con rango legal, las competencias del Guarda de Campo en materia de caza (tenidas desde su creación en el siglo XIX), manteniéndolo como agente de la autoridad y como agente auxiliar de la Guardia Civil (esta norma aún está vigente en Cataluña, País Vasco y Madrid).

En 1.974, mediante Decreto 554/1.974, de 1 de Marzo (BOE 53, de 2 de Marzo), sobre medidas de seguridad en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito, se unifican ambos servicios en la figura del Vigilante Jurado de Entidades Bancarias y de Ahorro.

En esta norma surgen las primeras obligaciones legales para la banca en materia de seguridad en el transporte de fondos. Al poco, un grupo de militares, conjuntamente con policías y guardias civiles, fundaron la primera empresa de seguridad en España, con número de Registro nº 1, dedicada al transporte de caudales, llamada “Transportes Blindados”. Los furgones, que no eran blindados por supuesto, eran grises y portaban un elefante azul pintado en ambos lados del furgón. Los Guardas Jurados que viajaban eran 6, un conductor, un acompañante, y cuatro operadores, dos cubrían, y dos transportaban la carga. Todos ellos iban fuertemente armados, tanto con revólver como con fusiles. Esta empresa fue luego comprada por SAS, empresa formada entre la estadounidense Pony Express y Prosegur, y finalmente absorbida y convertida únicamente en PROSEGUR.

En el mismo año 1.974, mediante el Decreto 1.583/1974, de 25 de Abril (BOE 141 de 13 de Junio), del Ministerio de Comercio, se regulan los Guardapescas Jurados Marítimos, como Agentes Auxiliares de la Autoridad de Marina. Era la Comandancia de Marina la que realizaba los exámenes y expedía los nombramientos.

La uniformidad incluía la bandolera ya conocida de los Guardas de Campo, con placa que pone “Guardapesca Jurado Marítimo” y un ancla en medio, boina negra con la misma placa, y arma. Los requisitos exigidos eran ser varón, español, mayor de edad (entonces, 21 años), carecer de antecedentes penales, tener el servicio militar cumplido, aprobar el examen, no tener defecto físico y una de estas dos condiciones: o estar inscrito en el registro de Marina (como marinero) o haber sido guardia civil o policía armado. Dentro de estas condiciones, tenían preferencia, por este orden, quienes fueran capitán marisquero, quienes fueran pescadores o mariscadores profesionales, y quienes hubieran prestado servicio en la Armada con categoría al menos de cabo.

Con la llegada del año 1.975, a la muerte de Franco, ocupa su lugar el Rey y comienza la Transición, que acaba con el franquismo y culmina en 1.978 con la Constitución que nos trae la democracia.

Es por esta época cuando la Policía Nacional cambia su imagen y viste de marrón, dejando el famoso uniforme gris, y se empieza a notar muy suavemente que la policía ya no le da tanta importancia al Vigilante como tenía antes. La segunda mitad de los 70 es una época algo ambigua, porque todavía el Vigilante tiene autoridad, pero ya se empieza a notar que la gente comienza a no temer y a perder el respeto por esta figura. Paradójicamente, empieza a extenderse su uso, a través de las empresas de seguridad, en centros comerciales, urbanizaciones y otros ámbitos.

Es esta una época también de gran actividad normativa sobre los vigilantes, continuando los cambios. A finales de los 70, toda la normativa dispersa hasta entonces es derogada por el Real Decreto 2113/77 de 23 de Julio (BOE de 17 de Agosto), que refunde el servicio de Vigilantes Jurados de Entidades Bancarias, de Ahorro y de la Industria y del Comercio.

El principal cambio es que el Vigilante Jurado ya no podía ser nombrado únicamente por la dirección privada de una industria para sus necesidades internas de protección, sino que una empresa de seguridad podía hacerse cargo de este nombramiento bajo las mismas condiciones en que se hacía antes y obtener una dotación de Vigilantes Jurados a criterio del Gobierno Civil de cada provincia; regularizando así una práctica que ya venía autorizándose en algunos casos. No obstante, la práctica paralela del nombramiento de Guardas Jurados por parte de las industrias se mantuvo hasta principio de los años 90, en que se eliminó por la actual Ley.

En ese mismo año, el Real Decreto 2727/1977 (BOE de 5 de noviembre) regula el servicio de los Vigilantes nocturnos.

Finalmente, el Real Decreto 629/1978, de 10 de Marzo (BOE 80, de 4 de Abril) sustituye todas las normas anteriores y crea el denominado servicio de Vigilantes Jurados de Seguridad; siendo entonces Ministro del Interior Martín Villa. Publicado meses antes de ser aprobada la Constitución, queda unificado el marco legal de los vigilantes, y se crea una sola y única figura profesional; aparte de la regulación del Guarda de Campo.

Con esa nueva normativa la placa se unificó, y la de GJ pasó a ser también VJ. El temario exigido se modificó y perfiló, lo mismo que las exigencias para ser VJ también se suavizaron, y perdieron un poco algo del sabor militar que caracterizaba al Guardia Jurado. Se redujo la exigencia de edad a los 21 años (mayoría de edad entonces, antes de aprobarse la Constitución), y se pone el tope de 40 años para el acceso. Se cambió también la uniformidad, y se obligaba a que los servicios exteriores fueran como mínimo en pareja, conectados por radioteléfono con el centro de control de la empresa. Los ejercicios de tiro eran mensuales.

También en el año 1.978, el RD 2114/1978, sobre Reglamento de Explosivos, establece que en las fábricas y depósitos de explosivos debe haber Vigilantes Jurados. Aunque no es hasta el RD 760/1983, de 30 de Marzo (BOE del 15 de Abril) que se crea por primera vez la figura de los Guardas Jurados de Explosivos, con pruebas de aptitud, temario de estudios y nombramiento propio, y reconociéndoles igualmente el carácter de agentes de la autoridad.

A finales de 1.978, ya en democracia y con la Constitución recién aprobada, se cambia el juramento de los Vigilantes Jurados y de los Guardas de Campo, utilizándose la siguiente fórmula:

¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vigilante Jurado con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?.

Si, juro.

Entre los años 70 y 80, la condición de Vigilante Jurado sigue estando bajo el control de la Guardia Civil y el Gobierno Civil, aunque estén dirigidos por empresas de seguridad. Las empresas de seguridad son casi siempre fundadas, constituidas y dirigidas por Comisarios de policía, militares, guardias civiles, y jefazos de algún estamento gubernamental, junto a algunos empresarios (tal es el caso, antes citado, de PROSEGUR, creada en 1.976). Para regular con más detalle las condiciones de dichas empresas se reforma la regulación de la seguridad privada, mediante el RD 890/1981, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de seguridad.

En esos años 80, con el refuerzo de los cuerpos policiales, la seguridad privada pierde protagonismo, y el hecho de que estuviera muy vinculada a personas del régimen franquista, da cierto miedo a quienes creen que puedan ser usados como ejército privado al servicio de ideales derechistas. Además, el vigilante ya no es tan importante dentro de la cadena de autoridades públicas, incluso se comienza a plantear (especular) con la posibilidad de que deje de serlo.

De hecho, una vez aprobada la Constitución, como la normativa que regulaba los Vigilantes Jurados era anterior y, salvo en el caso de los Guardas de Caza, sin rango de ley, empiezan a surgir, tímidamente al principio, algunas sentencias que cuestionan el rango normativo que les asegure ser agentes de la autoridad.

Y es lo que años más tarde pasaría: dejaría de ser autoridad (salvo lo dicho antes para los Guardas de Caza) y eso repercutirá notablemente en su capacidad eficiente para lograr persuadir al público. Eso ocurre con la Ley de Seguridad Privada (LSP) de 1.992, primera norma de rango legal que regula todo el sector.

La LSP no contempla, por primera vez en casi siglo y medio, el carácter de agente de la autoridad; separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas (antes era algo conjunto, y quien no aprobaba la licencia no podía ser vigilante jurado); crea las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, así como las figuras de los Jefes de Seguridad y los Directores de Seguridad; y sigue manteniendo la figura de los guardas de campo, con las variantes de pesquerías marítimas, caza y piscifactorías. Amplía la formación, mediante desarrollo reglamentario, que debe recibir el VS, tanto la inicial como la continua; y se reglamentan también los centros de formación en seguridad privada. Por primera vez se deja de depender de la Guardia Civil (salvo en materia de armas, explosivos y los guardas de campo), pasando a depender del CNP. Y así otras novedades y mejoras que todos conocemos.

La nueva Ley también regula que sólo pueden tener vigilantes las empresas de seguridad, lo que llevó a la subrogación de muchos vigilantes de bancos, cajas de ahorro, y otras empresas a las nuevas creadas; salvo algunos cuyas funciones en tales empresas se reconvirtieron.

Con la regulación de la figura del escolta se da carta legal a una realidad que había ido surgiendo desde finales de los 70, con el auge del terrorismo y la creciente inseguridad ciudadana. Y así, por primera vez, se regula el servicio de protección de personas, que hasta entonces se proporcionaba, aprovechando el vacío legal existente y la tolerancia oficial, por vigilantes de empresas de seguridad o por vigilantes de las empresas a las que pertenecía el protegido.

Por último, se hizo una regulación más estricta de los servicios con arma (que antes eran todos) y el arma deja de ser asignada al vigilante, que la podía llevar a su domicilio y cuidaba personalmente de ella, para pasar a estar depositada en armeros de la empresa o de los servicios a los que estaba asignada, independientemente de quien realice allí la vigilancia.

En el año 1.994 se desarrolló dicha Ley mediante el oportuno Reglamento de Seguridad Privada, que también trajo algunas novedades, como la regulación del trasporte aéreo y marítimo de fondos, la reglamentación de los supuestos en que los vigilantes pueden actuar en el exterior de inmuebles e incluso fuera de su servicio, o la posibilidad de prestación de servicios en establecimiento públicos y centros militares, entre otras.

Desde entonces, los únicos cambios legales han sido la autorización a los escoltas privados para dar protección a cargos públicos; y la reforma reciente para adaptar la Ley a una Sentencia del TSJUE, referida a la libre concurrencia de empresas extranjeras, y a la convalidación de vigilantes de otros países de la UE.

Sin embargo, la realidad y los cambios sociales y legales de los últimos años han dejado desfasados muchos aspectos de la Ley actual, por lo que tanto empresas como sindicatos consideran que es necesaria su reforma; aunque lógicamente discrepan en su alcance y contenido.

Seguridad Privada en México

Dado el alto índice de inseguridad que se sufre en el territorio del Distrito Federal, quienes lo habitan o lo visitan se han visto en la necesidad de contratar empresas o personas que con conocimientos especializados en la prestación del servicio de seguridad privada ofrecen, entre otros, los servicios de protección, vigilancia o custodia de personas, lugares, establecimientos o bienes, servicios de traslado, custodia y vigilancia de valores, y otra serie de servicios creando con esta situación la regulación de dicha actividad.

Durante los últimos años ha proliferado el número de particulares que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, relativas a la protección de personas, custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores, investigaciones privadas y otras actividades vinculadas directa o indirectamente con los servicios de seguridad privada.

Adicional al servicio público de seguridad pública, lo que éste implica y considerando que de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dependen dos órganos policiales (la Policía Bancaria e Industrial y la Policía auxiliar del Distrito Federal), que además del Servicio Público de Seguridad Pública prestan servicios relacionados con la seguridad privada, se consideró necesario incluir este último capítulo a efecto de que los elementos de seguridad pública amplíen su gama de conocimientos y sepan en términos generales en qué consiste, a quién corresponde y bajo qué condiciones ofrecer los servicios de seguridad privada.

De esta manera se muestra cuál es la ley que regula la seguridad privada, cuáles los principios que la rigen, cómo se catalogan los prestadores de este tipo de servicios, cuáles son las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad privada, en qué consiste y qué requisitos debe satisfacer quien desee prestar este tipo de servicios, con el fin de aumentar sus conocimientos respecto a los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de aquellos que pueden prestar las personas físicas y morales en materia de seguridad privada cuando se ajusten a lo establecido en la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS

¿Qué ley se encarga de regular los servicios de seguridad prestados por empresas privadas? .. La Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.

¿A quién corresponde supervisar y vigilar que las actividades y servicios de seguridad privada se lleven a cabo con apego a la ley así como las políticas y estrategias diseñadas por la administración pública del Distrito Federal? (Art. 2 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Al gobierno del Distrito federal por conducto de la Secretaría de seguridad Pública.

¿Bajo qué principios se aplica e instrumenta la ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal? (Art. 6 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Bajo los principios consistentes en: 1. Fortalecer y complementar la seguridad pública bajo un esquema de coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública con los prestadores de servicios, autorizados e Instituciones Oficiales, para lograr en beneficio de la población las mejores condiciones posibles de seguridad con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; 2. Regular y registrar a los prestadores de servicios, autorizados e Instituciones Oficiales que realizan actividades y servicios de seguridad privada, para dar certeza a la población y evitar la comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego y demás elementos inherentes; 3. Actualizar permanentemente el Registro de la Seguridad Privada y el envío de información de manera periódica al Registro Nacional de Seguridad Pública, con el fin de evitar que las actividades o servicios de seguridad privada se realicen de forma irregular; 4. Conformar un banco de datos que permita la detección de factores criminógenos, a través de la observación de hechos y conductas, que los prestadores de servicio, autorizados e Instituciones Oficiales pongan en conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública; 5. Establecer un sistema de evaluación, certificación y verificación rápida y eficaz, tanto de los prestadores de servicios, autorizados e Instituciones Oficiales, como de la infraestructura relacionada con las actividades y servicios de seguridad privada que lleven a cabo conforme a la ley; y, 6. Promover y consolidar un sistema de garantías que permita brindar certidumbre a los prestatarios de servicios de seguridad privada, y autorizarlos en la realización de sus actividades.

¿Cómo se catalogan los prestadores de servicios de seguridad privada? (Art. 7 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

169 .. Se catalogan en: 1. Personas físicas con actividades empresariales que se dediquen a la prestación de servicios de seguridad privada para terceros; 2. Personas morales legalmente constituidas, cuyo objeto o finalidad sea la prestación de servicios de seguridad privada para terceros; y, 3. Personas físicas que presten servicios independientes de seguridad privada. ¿Pueden las personas físicas y morales realizar actividades de seguridad privada con una estructura propia? (Art. 8 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Sí, toda persona física o moral puede contar con su propia estructura de seguridad privada siempre y cuando: 1. Destinen los servicios para la seguridad de sus personas, instalaciones y demás bienes; 2. No se preste a terceros para vigilancia o protección de personas o bienes; 3. Se realice con personal propio.

¿Con qué facultades específicas cuenta la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad privada? (Art. 10 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Con las siguientes: 1. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el Distrito Federal; 2. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y confianza a los prestatarios; 3. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios de seguridad privada conforme a la ley, de acuerdo con las necesidades de la población; 4. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir los demás documentos relacionados con la seguridad privada; 5. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de servicios de seguridad privada; 6. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la ley en lo que se refiere a la prestación de los servicios o realización de actividades de seguridad privada; 7. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y 170 delitos; accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 8. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios y actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, clausura, revocación y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando proceda conforme a la Ley; 9. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la probable comisión de un delito; 10. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente cuando sea necesaria; 11. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de las evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría; 12. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades administrativas competentes; 13. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, a través de las instituciones educativas o de la Secretaría; 14. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del servicio de seguridad privada; 15. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir las constancias de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; y 16. Expedir las constancias de registro.

¿Cuáles son las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada en el Distrito Federal? (Art. 11 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Las siguientes: 1. La seguridad y protección personal, relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de la vida y la integridad corporal de personas; 2. La vigilancia y protección de bienes, relativa a la seguridad y cuidado de bienes muebles e inmuebles; 3. La custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores, relativa a la prestación de servicios de vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado; 171 4. La localización e información de personas y bienes, relativas a la prestación de servicios para obtener informes de: a) Antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas.

b) Antecedentes y localización de bienes.

5. Actividades inherentes a la seguridad privada, relativas al diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, establecidas en el reglamento o sus normas técnicas.

¿Quién otorga los permisos para que las personas físicas o morales presten el servicio de seguridad privada? (Art. 12 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. A la Secretaría de seguridad Pública del Distrito Federal, le corresponde otorgar dicho permiso.

¿Cuáles son los requisitos que debe satisfacer toda persona física o moral para prestar el servicio de seguridad privada? (Art. 13 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Los siguientes: 1. Elaborar solicitud por escrito del permiso; 2. Ser persona física con actividades empresariales, o moral legalmente constituida; 3. Acreditar tener el domicilio principal de sus operaciones en el Distrito Federal; 4. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el inmueble en el que tienen asentado el domicilio principal de sus operaciones, no está ubicado en lugares de acceso restringido al público, tales como unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios o cualquier otro semejante, así como tampoco sea el domicilio en que habita el representante legal del prestador del servicio; 5. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales, no deberán ser miembros activos de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas; 6. Que la persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, no hayan sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año; y, 7. Que la persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración no hayan sido destituidos de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas por cualquiera de los siguientes motivos: a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes; b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio; c) Por incurrir en faltas de honestidad; 172 d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a tales substancias; e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo; f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; y, g) Por obligar a sus subalternos a entregar dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto.

¿A qué prohibiciones están sujetas las personas que prestan algún Servicio de Seguridad Privada? (Art. 36 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. A quienes presten un Servicio de Seguridad Privada, les está prohibido: 1. Realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e instituciones de seguridad pública o a las fuerzas armadas; 2. Usar en su denominación, razón social o nombre, papelería, identificaciones, documentación y demás bienes de la negociación, las palabras de «Policía», «Agentes», «Investigadores» o cualquier otra similar que pueda dar a entender una relación con los Cuerpos de Seguridad Pública, las fuerzas armadas u otras autoridades; 3. Utilizar el término «seguridad» si no va acompañado del adjetivo «privada»; 4. Usar en sus documentos, bienes muebles e inmuebles, insignias e identificaciones logotipos, insignias, escudos o emblemas nacionales u oficiales o de otros países; 5. Usar todo tipo de placas metálicas de identidad; 6. Contar con vehículos a su servicio sin que ostenten visiblemente su denominación, logotipo y número que los identifique plenamente; 7. Usar torretas semejantes o parecidas a las que usan los vehículos de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas; 8. Usar uniformes, insignias y divisas que utilicen los elementos de los cuerpos de seguridad pública o las fuerzas armadas; y, 9. Usar el uniforme necesario para la prestación del servicio de seguridad privada, fuera del lugar o en horario diferente al en que se presta el servicio.

¿Qué otras obligaciones y lineamientos les son inherentes a los prestadores de los servicios de seguridad privados? (Art. 35 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal).

.. Todo prestador de un servicio de seguridad privado, deberá: 1. Llevar un registro de su personal y registrar al mismo ante la Secretaría de Seguridad Pública; 173 2. Mantener en lugar visible el permiso o la autorización otorgado por la Secretaría; 3. Hacer constar en su papelería y documentación el número de permiso o autorización otorgado por la Secretaría; 4. Permitir y facilitar las visitas de verificación que efectúe la Secretaría de Seguridad Pública; 5. Notificar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Secretaría de Seguridad Pública las altas y bajas del personal que preste servicios o realice actividades de seguridad privada, a efecto de que formule las observaciones que estime pertinentes; 6. Informar a la Secretaría de Seguridad Pública de las modificaciones que se registren, en relación con las condiciones administrativas y operativas que integran el expediente de su permiso o autorización, así como su revalidación; 7. Informar al Ministerio Público de aquellas conductas que sean probablemente constitutivas de delito en las que intervenga su personal o elementos operativos o de apoyo, debiendo aportar los datos de que disponga para el esclarecimiento de los hechos; 8. Contar en su organización con un jefe de operaciones por lo menos, debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública el nombre de éste; 9. Aportar a la Secretaría de Seguridad Pública de manera oportuna, los datos que se requieran para el Registro de los Servicios de Seguridad Privada; 10. Vigilar que su personal cumpla con las obligaciones que le fija la normatividad vigente en la materia; 11. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos, en institución autorizada para el efecto, y presentar el resultado de los mismos a la Secretaría de Seguridad Pública; y, 12. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de conformidad a la modalidad en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad.


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